Organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa (UAM), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Redes Temáticas de Investigación de CONACYT, se llevó a cabo los días 21 y 22 de noviembre en el Salón Vitrales, Casa del Tiempo de la UAM, el “Tercer Seminario Nacional de Actualización Profesional de Docentes de Derecho de la Información”.

La Inauguración estuvo a cargo del Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, Rector de la UAM Cuajimalpa y el Dr. Manuel Ontiveros Jiménez, Jefe de Departamento.

En las mesas de discusión se abordaron temas  como “Aspectos Pedagógicos de la Docencia”, “Derecho, Ética, Información y Comunicación”, “Los Retos de los Posgrados en Derecho de la Información”, “la Reforma en materia de Derecho a la Información” y “Mosaico reflexivo en torno al Derecho de la Información”.

En el Seminario, la COTAIPEC participó con la Ponencia “la Reforma en materia de Derecho a la Información” a cargo del Comisionado Presidente, Dr. Jorge Gasca Santos.

En su intervención, Gasca Santos concentró su ponencia en la descripción del proceso y resultado de la acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados del Estado de Campeche en contra del artículo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (LTAIPEC) que estipulaba la posibilidad de que las dependencias públicas impugnaran las resoluciones del órgano garante local en materia de transparencia ante el Poder Judicial del Estado, así como la propuesta de reforma constitucional del Presidente Enrique Peña Nieto con respecto al otorgamiento de autonomía y otra serie de facultades en la materia al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), analizando los posibles escenarios e impacto de tales cambios en relación directa con los principios de expedites y autonomía de los órganos garantes; concluyó su participación mencionando que las decisiones de los órganos garantes estatales nunca han estado exentas del control jurisdiccional por el órgano judicial competente, trátese del poder judicial estatal (en el caso de los recursos de revisión) o federal (juicio de amparo), empero nunca por órganos de naturaleza administrativa como se pretende ahora. En este sentido, la reforma altera el principio que rige a los órganos autónomos al adicionar una revisión administrativa (que retrasa en términos y plazos reales el acceso a la información pública) previa al control judicial, control que es a fin de cuentas el que debe garantizar el Estado a la sociedad en un sistema democrático.